¿Te llaman sin parar? SCJN fija límites y sanciones a despachos de cobranza

Miles de personas lidian a diario con llamadas constantes de bancos y despachos de cobranza que se traducen en hostigamiento, mensajes fuera de horario o incluso contacto con familiares y terceros ajenos a la deuda.

No obstante, esta situación podría cambiar luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fijara responsabilidades y sanciones para las instituciones financieras que contratan a estos agentes externos.

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El Pleno de la Corte resolvió en enero pasado un amparo con el que avaló la constitucionalidad de las reglas que obligan a los bancos a rendir cuentas sobre las prácticas de cobranza que operan en su nombre. La decisión no solo valida las obligaciones previstas en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y las disposiciones de la Condusef, sino también marca límites claros sobre el ejercicio de las sanciones.

Según el criterio de la SCJN, las entidades bancarias deben:

• Registrar a sus despachos de cobranza en el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO)
• Informar si no cuentan con ninguno
• Presentar reportes mensuales de quejas relacionadas con despachos de cobranza

En caso de omitir estas obligaciones, la autoridad, a través de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), podrá imponer multas y sanciones administrativas.

Uno de los puntos más relevantes del fallo es la reafirmación de que la responsabilidad no recae únicamente en los despachos de cobranza, sino que también puede alcanzarse a la institución financiera si no supervisa ni reporta las acciones de estos agentes. Esto implica, por ejemplo, que si un usuario recibe llamadas fuera del horario permitido o mensajes repetitivos que buscan intimidar, la queja puede generar consecuencias para el banco que contrató al despacho si no fue reportada oportunamente.

Plazos para sanciones

La Corte también dejó claro que los plazos para imponer una sanción pues tendrá máximo de 180 días naturales para emitir y notificar una resolución desde que se agota la garantía de audiencia del banco.

Para los consumidores, esto puede traducirse en una mayor protección frente a prácticas abusivas o reiterativas de cobranza telefónica. Aunque las llamadas de cobro no se pueden bloquear por completo, a diferencia de la publicidad financiera, la obligación de reportar irregularidades y la posibilidad de sancionar a los bancos ofrecen un entorno más regulado y transparente para quienes reciben constantemente este tipo de llamadas que se convierten en acoso y hostigamiento.