Fallo venenoso

La decisión de la Suprema Corte de regalarle a la UIF el poder de congelar cuentas sin orden judicial es, en los hechos, la legalización de la sospecha como herramienta de castigo. Se disfraza de “medida preventiva” y “no penal”, pero en realidad implica dejar a personas y empresas sin acceso a su dinero durante meses, sin que un juez haya revisado una sola prueba y sin haber sido imputados formalmente. La presunción de inocencia y el debido proceso quedan degradados: primero te inmovilizo, después –si tienes tiempo, dinero y nervios de acero– vienes a demostrar que no eres delincuente.

La narrativa de la presidenta, según la cual la UIF “nunca” le ha cerrado la cuenta a un empresario inocente es tan cómoda como peligrosa. Ministros disidentes del máximo tribunal advirtieron que el bloqueo sin control judicial vulnera la seguridad jurídica, convierte a cualquier ciudadano en sospechoso solo por un depósito y abre la puerta a congelamientos arbitrarios, masivos y con criterios opacos. Si el estándar son “indicios suficientes” que la UIF se reserva para sí, lo que se construye no es un sistema antilavado robusto, sino un mecanismo perfecto de intimidación patrimonial.

Opinión Furia infernal

El verdadero veneno del fallo está en lo que permite hacer. Un instrumento capaz de dejar sin liquidez inmediata a opositores, periodistas incómodos, organizaciones civiles o adversarios internos, bajo el paraguas retórico del “combate al crimen organizado”, es un arma política en potencia, blindada por el máximo tribunal sometido al Poder Ejecutivo. Cuando el gobierno celebra que ha inmovilizado cinco mil de millones de pesos y que “nadie se ha quejado”, lo que en realidad presume es haber aprendido que la 4T ya dio el salto del Estado de derecho al Estado de miedo… y a la capacidad de arruinarte primero y preguntarte después.