Tercia de injusticias

Hay momentos en que el poder decide declarar culpable a toda la sociedad. México acaba de cruzar ese umbral. Las últimas tres reformas aprobadas y ratificadas por una Suprema Corte –que ha decidido convertirse en mecanismo de validación del poder– no sólo erosionan las libertades, sino que las suprimen con frialdad burocrática. Se legisla como si el ciudadano fuera enemigo del Estado.

La primera herida es a la protección constitucional. Se limita el amparo —herramienta histórica para enfrentar los abusos de la autoridad— y se debilita la posibilidad de defenderse ante una denuncia infundada. La ley deja de ser escudo ciudadano y se convierte en arma del poder.

La segunda injusticia es la prisión preventiva oficiosa para una larga lista de delitos que otro tiempo serían materia de litigio civil o administrativo. Se encierra primero y se investiga después. El principio de presunción de inocencia se evapora en un sistema donde el proceso es condena anticipada.

Opinión Fallo venenoso

La tercera es la más siniestra: la autonomía punitiva de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Se le otorgan poderes que no tiene ni la Fiscalía General de la República: bloquear cuentas bancarias sin orden judicial, con simples sospechas o “indicios”. Basta una alerta interna, una investigación en curso o un informe discrecional para que alguien quede paralizado financieramente, sin recursos para defenderse. No se requiere sentencia, basta con la duda.

Lo más alarmante no es la letra de las reformas, sino la lógica de consolidar un modelo de país donde ser acusado equivale a ser culpable, y ser libre equivale a ser sospechoso. En México ya no se presume la inocencia. Se presume la obediencia.

Son tres reformas que configuran una arquitectura de miedo.