Ramírez Cuéllar en BCS: presenta Ley de infraestructura y rechaza retroactividad en Reforma de Amparo

En su visita a Baja California Sur, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar presentó su propuesta de Ley General de Infraestructura para el Bienestar, una iniciativa que busca transformar el modelo de inversión pública en México, al tiempo que expresó su desacuerdo con la aplicación retroactiva de las reformas a la Ley de Amparo, recientemente aprobadas por el Senado.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el también vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados subrayó que la nueva Ley de Infraestructura pretende reorientar el actual esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP) hacia un modelo de inversión mixta, con reglas claras que beneficien tanto a la sociedad como al sector privado.

“Queremos llegar a un acuerdo con grandes sectores, el empresariado, principalmente de la industria de la construcción para detonar estas fuertes inversiones en materia de infraestructura para el bienestar que tiene que ver con la colonia, con el municipio, con el Estado, y no solamente la gran obra de autopista o inversiones de generación de electricidad”.

El legislador adelantó que el gobierno federal proyecta destinar 1.2 billones de pesos en 2026 a inversión física, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico, generar empleo y atender las crecientes necesidades de infraestructura en el país. La meta es elevar la inversión nacional en este rubro hasta alcanzar el 30% del Producto Interno Bruto durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre los proyectos contemplados se incluyen obras de impacto social directo, como vivienda, agua potable, drenaje, salud y conectividad, priorizando las necesidades de colonias, municipios y entidades federativas, por encima de las grandes obras tradicionales, proyectos que podrían beneficiar a Baja California Sur ante rezagos en servicios básicos.

Como parte de esta propuesta, Ramírez Cuéllar anunció la creación de un Consejo Nacional de Infraestructura y un Fondo para la Infraestructura del Bienestar, orientados a planificar inversiones a mediano y largo plazo, así como a fortalecer la capacidad financiera de estados y municipios.

Rechazo a la retroactividad en la Ley de Amparo

En relación con las reformas a la Ley de Amparo, el diputado expresó su rechazo al artículo transitorio que permitiría aplicar retroactivamente las nuevas disposiciones legales a casos en trámite. Señaló que esta medida contradice lo establecido en la Constitución, que prohíbe la retroactividad de la ley en perjuicio de los derechos adquiridos.

“Vamos hacer esta modificación para que regrese al Senado la minuta con las correcciones necesarias porque no solamente compartimos la opinión de la presidenta del país, sino porque también diputados y diputadas, consideramos que no es correcto que se le dé retroactividad a una ley, porque esto va en contra de los derechos y de la protección de los ciudadanos”.

Ramírez Cuéllar indicó que la bancada de Morena en San Lázaro comparte esta postura, en concordancia con la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que se trabaja en modificaciones a la minuta que será regresada al Senado para su revisión. Aclaró que, si bien algunos cambios en la ley son positivos, es indispensable corregir el transitorio para garantizar el respeto pleno a los derechos constitucionales.

Nueva Ley de Aguas y proyectos prioritarios en BCS

En otro tema, el legislador adelantó que se iniciará un proceso de diálogo amplio en torno a la próxima Ley de Aguas Nacionales, con la participación de productores agrícolas, ejidatarios y pequeños propietarios. El objetivo es combatir el mercado negro del agua y asegurar un acceso equitativo y sustentable, sin afectar los derechos de los actuales usuarios.

Finalmente, Ramírez Cuéllar reconoció la importancia de atender proyectos prioritarios para Baja California Sur, como el mejoramiento de la carretera transpeninsular y la infraestructura eléctrica. Aseguró que ambos temas serán incorporados en los próximos ejercicios presupuestales, en el marco de la nueva política de inversión pública con enfoque social.