Profeco, en la mira: investigación liga a Sheffield, directivos y narcos con extorsiones

La Fiscalía General de la República (FGR) ha comenzado una investigación en contra de exfuncionarios y personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por un supuesto caso de extorsión a empresarios gasolineros de la mano del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras organizaciones criminales, según información a la que tuvo acceso La Silla Rota.

De acuerdo con dicho medio informativo, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) abrió la carpeta de investigación FEMDO/FEITATA-CDMX/0000899/2024, en la cual se involucra a los extitulares Ricardo Sheffield y David Aguilar Romero, así como a una veintena de exfuncionarios.

Fue un testigo clave, denominado Pablo, quien en su declaración brindada al agente del Ministerio Público Federal, María Méndez Speckman, revela que existe una red de servidores públicos dedicados a la extorsión de estos establecimientos dedicados a la venta de combustible en el país.

¿Cómo funciona la extorsión a gasolineras?

Sin embargo, los funcionarios no operan solos, ya que se coordinan con miembros del CJNG, Santa Rosa de Lima y Guerreros Unidos para extorsionar a unas seis mil gasolineras.

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El testigo reveló que aquellos empresarios que no acceden a pagar las llamadas ‘vacunas’, que no son más que cuotas impuestas por los criminales, son amenazados por sicarios o se les exhibe en el espacio ‘Quién es quién en combustibles’.

Recordemos que este espacio que era encabezado por el exprocurador Ricardo Sheffield se exponía a aquellas gasolineras que realizaban cobros excesivos a los consumidores, lo que claramente afectaba en sus ventas.

Las ‘vacunas’ se calculaban en función de cuántas estaciones posee un empresario, y todos los cobros eran registrados en un documento Excel que era enviado directamente a Sheffield, y posteriormente a David Aguilar.

¿Cómo comprobó la FGR red de extorsión a gasolineras?

Según lo señalado por La Silla Rota, la FGR solicitó a un juez la intervención telefónica de varios de los involucrados y entrevistó a empleados de diversas gasolineras en la Ciudad de México, a fin de corroborar los dichos por el testigo, quien trabajó tres años en la Profeco.

De esta forma se logró identificar a tres sujetos encargados de intimidar y realizar cobros de entre 20 y 25 mil pesos mensuales a dueños de las gasolineras en la capital del país.

Los pagos hechos por los empresarios se ‘compensaban’ con avisarles de verificaciones o evitar que les acusara de irregularidades administrativas, mismas que les costaba su inmovilización a las gasolineras.

Pese a que en 2022 se supo de varios despidos de personal de la Procuraduría por estar involucrados en supuestas extorsiones, luego de las denuncias de los empresarios, el esquema continúa en la actualidad.