Pueblo Mágico de Loreto no se vende: crece defensa ante decreto para abrir tráfico marítimo internacional

Recientemente, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto que actualiza y amplía el estatus del Puerto de Loreto, en Baja California Sur. La medida responde al crecimiento de su actividad marítima y busca modernizar su marco legal para permitir operaciones tanto nacionales como internacionales. No obstante, la apertura al tráfico marítimo internacional ha generado incertidumbre entre la población.

Hasta ahora, el puerto estaba clasificado como de cabotaje, es decir, limitado al tránsito nacional. Con el nuevo decreto, adquiere la categoría de puerto de cabotaje y de altura, lo que podría permitir la llegada de embarcaciones provenientes del extranjero, como grandes cruceros, yates y buques de carga.

El gobierno federal ha justificado esta decisión con base en el incremento del tráfico marítimo en la región y el potencial de fortalecer la conectividad en el Pacífico. Con ello, se busca impulsar el turismo, atraer inversión y consolidar el sistema portuario como un motor de desarrollo económico regional.

Importancia ecológica y posibles riesgos ambientales

Con esta modificación, el Puerto de Loreto queda habilitado para crecer y ampliar su conexión con rutas internacionales.

Sin embargo, la medida ha generado preocupación entre habitantes de Loreto, quienes advierten posibles repercusiones ambientales. El cambio podría propiciar un aumento en las actividades marítimas dentro de una región de alto valor ecológico, cercana al Parque Nacional Bahía de Loreto, un Área Natural Protegida de relevancia nacional.

Entre los principales riesgos señalados se encuentran el incremento de emisiones contaminantes, el ruido submarino, el riesgo de derrames y la afectación a los ecosistemas marinos.

Asimismo, preocupa la presión que el turismo masivo podría ejercer sobre recursos como el agua, la gestión de residuos y la biodiversidad local, así como las posibles alteraciones en costas y hábitats derivadas de futuras obras de infraestructura para recibir embarcaciones de mayor tamaño.

Diversos sectores sociales, se han manifestado públicamente en contra del decreto, exigiendo su derogación al considerarlo inviable y contrario al equilibrio ambiental, además de ajeno a la voluntad de la comunidad.

“Loreto no es solo un puerto; está dentro del Parque Nacional Bahía de Loreto, un ecosistema único con ballena azul, delfines y especies endémicas de alto valor ecológico. El decreto habla de competitividad, inversión, infraestructura y conectividad. Se abre la puerta a operadores internacionales, se fortalecen intereses navieros y se redefine la operación marítima. Lo que está en juego no es solo un cambio portuario, sino el futuro económico, ambiental y social de toda una comunidad”, señalaron.

La Paz ¡Machaca, queso y chorizo! MaQueCho: lo más sabroso del rancho y la cocina en Baja California Sur

Como parte de sus acciones, activistas y sociedad civil ya realizó una marcha pacífica este miércoles a las 7:00 de la mañana bajo la consigna: “Loreto no se vende, se defiende”.

Infraestructura insuficiente

Por su parte, la alcaldesa de Loreto, Paz del Alma Ochoa Amador, afirmó que la reclasificación deberá apegarse estrictamente a los lineamientos del Consejo Asesor del Parque Nacional Bahía de Loreto, órgano integrado por diversos sectores sociales y productivos.

La edil subrayó que cualquier decisión sobre la operación del puerto deberá garantizar la protección de las especies, incluidas ballenas, y de la riqueza natural que distingue a este destino. Asimismo, señaló que actualmente el puerto no cuenta con la infraestructura necesaria para recibir embarcaciones de gran tamaño.

“No se van a recibir grandes embarcaciones porque no tenemos la infraestructura, y porque el plan de manejo de Loreto no permite acciones que afecten nuestra área natural protegida”, puntualizó.

Insistió en que cualquier definición deberá pasar por el Consejo Asesor, el cual evaluará aspectos como la capacidad de carga, delimitación de zonas turísticas, rutas de pesca, protección de fauna, sitios de fondeo, manejo de residuos, horarios de desembarque, regulación de prestadores de servicios y monitoreo científico.