En riesgo santuario de la ballena azul en Loreto por decreto de cabotaje de embarcaciones

Durante una reunión informativa sobre el decreto que reclasifica a Loreto como puerto de altura y cabotaje, la alcaldesa Paz Ochoa informó que el área jurídica del Ayuntamiento prepara una controversia constitucional para buscar su derogación. El decreto fue publicado a inicios de abril en el Diario Oficial de la Federación.

La disposición federal amplía la clasificación del puerto, que anteriormente operaba únicamente como puerto de cabotaje, limitado al tránsito nacional, para incluir también la categoría de altura. Esto permitiría la llegada de embarcaciones internacionales, como cruceros, yates y buques de carga, lo que ha generado un amplio debate por los posibles impactos ambientales.

La alcaldesa aseguró que el Ayuntamiento no tuvo conocimiento previo del decreto y que, al igual que la ciudadanía, la medida la tomó por sorpresa.

“No estoy jugando doble carta. De este tema no se tenía conocimiento. Jurídicamente puedo entender que se trató de un proceso administrativo y técnico que no requería consenso; sin embargo, hoy, tras el acuerdo con la comunidad loretana, se está preparando la controversia para solicitar la derogación del decreto”, declaró.

Una controversia constitucional se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tiene como finalidad resolver conflictos entre distintos niveles de gobierno cuando alguno considera que se ha invadido su ámbito de competencia o se ha vulnerado la Constitución.

Puerto, destino turístico y área natural protegida

Por su parte, Mario Sánchez, director regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, recordó que Loreto es un territorio multifacético donde convergen distintas vocaciones: puerto, destino turístico y área natural protegida. Señaló que el principal reto es lograr un equilibrio entre estas funciones, ya que con frecuencia entran en conflicto, especialmente entre el desarrollo portuario y la conservación ambiental.

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Aunque el decreto no elimina el estatus de área natural protegida, advirtió que podría influir en la forma en que se gestione el puerto en el futuro, particularmente si no se considera plenamente la regulación ambiental vigente. El área protegida cuenta con un programa de manejo que establece reglas claras sobre las actividades permitidas, por lo que operaciones portuarias intensivas serían difíciles de compatibilizar.

Mario Sánchez explicó que, si bien la Ley faculta al Ejecutivo federal para emitir este tipo de decretos sin consulta obligatoria, en materia ambiental resulta fundamental la participación pública.

Asimismo, subrayó que decisiones de esta naturaleza deberían sustentarse en estudios que evalúen los impactos económicos, sociales y ambientales, a fin de garantizar una toma de decisiones informada.

“En un ejercicio democrático, es importante que las autoridades abran estos temas para conocer la situación local, escuchar a la comunidad y evaluar qué tipo de desarrollo es viable, sobre todo tratándose de un área natural protegida”, señaló.

Organizaciones civiles han advertido que la apertura al tráfico marítimo internacional podría incrementar la presión sobre un ecosistema de alto valor ecológico, debido a su cercanía con el Parque Nacional Bahía de Loreto, un Área Natural Protegida de relevancia nacional y santuario reconocido por el avistamiento de la ballena azul.

Entre los principales riesgos señalados destacan el aumento de emisiones contaminantes, el ruido submarino, posibles derrames y afectaciones a los ecosistemas marinos. También preocupa el impacto del turismo masivo en recursos como el agua, la gestión de residuos y la biodiversidad local.