Frena Profepa 6 obras en Cabo Pulmo en BCS, una de las Áreas Naturales Protegidas más importantes del país

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó sobre la clausura temporal total de seis desarrollos inmobiliarios que realizaban obras sin contar con la autorización federal en materia de impacto ambiental dentro del Área Natural Protegida Parque Nacional Cabo Pulmo, en Baja California Sur.

Con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, la autoridad ambiental atendió denuncias ciudadanas por presuntas afectaciones en la zona costera del municipio de Los Cabos. Durante los recorridos de inspección se identificaron ocho sitios, en los que se practicaron igual número de visitas de verificación.

Como resultado, se impusieron seis clausuras temporales totales en los desarrollos denominados: “The Last Place” (1.19 hectáreas), “La Ribera” (1.12 hectáreas), “Costa Coral” (24.9 hectáreas), un desarrollo sin nombre (15.7 hectáreas), “Club de Playa Las Barracas” (14.2 hectáreas) y otro predio cercado con una superficie aproximada de 0.23 hectáreas.

En todos los casos, la Profepa constató la ejecución de obras, delimitaciones perimetrales mediante cercas o bardas y cambio de uso de suelo en terrenos forestales con vegetación de matorral sarcocaule, característica de la región, dentro de un ecosistema costero, sin contar con la autorización federal correspondiente en materia de impacto ambiental.

En los dos sitios restantes no se detectaron obras ni actividades de competencia federal, por lo que únicamente se levantaron las actas circunstanciadas.

Área Natural protegida de alto valor ecológico

El Parque Nacional Cabo Pulmo fue decretado el 6 de junio de 1995 y abarca una superficie de 7,111 hectáreas, tanto marinas como terrestres.

Alberga el único sistema arrecifal del Mar de Cortés y cuenta con el reconocimiento de Patrimonio Mundial por la UNESCO. Debido a su alto valor ecológico, cualquier obra o actividad susceptible de generar desequilibrios ambientales debe someterse previamente al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental federal, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento.

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La autoridad informó que, en un plazo de cinco días hábiles, las personas inspeccionadas podrán comparecer para manifestar lo que a su derecho convenga respecto de los hechos asentados en las actas. Una vez analizados los argumentos y la documentación presentada, la Procuraduría determinará lo conducente e iniciará los procedimientos administrativos correspondientes.