Ley General contra la Extorsión: nuevas penas que propone la iniciativa enviada por Sheinbaum

A la Cámara de Diputados llegó la iniciativa de la Ley General contra la Extorsión y que fue enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante este lunes. Se proponen penas mínimas de 6 a 15 años de prisión para quienes cometan este delito y hasta de más de 20 años con agravantes.

La iniciativa que aterrizó en San Lázaro no sólo busca expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, sino también hacer modificaciones al artículo 73 de la Constitución, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales.

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En el artículo 15 de la Ley General contra la Extorsión se proponen penas de 6 a 15 años de prisión, además de una multa que puede ir de las 100 a las 500 UMAs (Unidades de Medida y Actualización). Estas personas aumentarán hasta en una tercera parte cuando ocurran agravantes.

Las agravantes previstas por la iniciativa son: el cobro de cuotas o prestaciones (cobro de piso), cuando la extorsión se cometa contra personas que realicen actividades comerciales o empresariales, cuando el ilícito se haga a nombre de alguna organización (real o ficticia), cuando se le imponga un precio a productores, entre otros.

El artículo 17 endurece las penas hasta en 20 y 22 años de prisión cuando tal ilícito se cometa contra las siguientes personas: migrantes, mujeres embarazadas, menores de edad, personas adultas mayores, cuando existe una relación de confianza o laboral, o se utilicen medios como datos, imágenes o audios para coaccionar.

Las penas llegarán hasta los 25 años de prisión cuando el delito de extorsión se cometan con alguna de estas agravantes: violencia física, intervengan una o más personas armadas, las personas se identifiquen como parte de algún grupo delictivo, cuando simulen ser empleados de alguna institución financiera, entre otros.

Asimismo, la iniciativa enviada por la presidenta Sheinbaum fija penas de tres a ocho años de prisión a todas aquellas personas que ya se encuentren en la cárcel y, aún así, cuenten con dispositivos electrónicos para cometer el delito de extorsión mediante llamadas o mensajes.

Esta iniciativa que busca expedir la Ley General contra la Extorsión ya fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, por lo que será remitida a las comisiones para su discusión y, de alcanzar los votos, su aprobación. Sólo así pasará al Pleno del recinto legislativo de San Lázaro.