PAN BCS bajo la lupa: se adjudican 80 terrenos municipales y 44 quedan en manos de exfuncionarios

La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur mantiene abierta una investigación por el presunto delito de peculado, derivado de la venta irregular de al menos 80 terrenos municipales durante la administración 2015–2018 del Ayuntamiento de Mulegé, encabezada por Cecilia López González, entonces presidenta por el Partido Acción Nacional (PAN).

De acuerdo con la denuncia presentada ante la autoridad, 44 títulos de propiedad habrían sido entregados directamente a funcionarios públicos y a sus familiares, sin autorización del Cabildo y a precios muy por debajo de su valor real, lo que habría provocado un daño patrimonial al municipio.

El fiscal anticorrupción, Lenin Ortiz Amao, informó que las indagatorias señalan que la mayoría de los predios fueron adquiridos por servidores públicos en funciones, así como por familiares directos, sin respetar el valor catastral ni cumplir con los procedimientos legales para la desincorporación de bienes municipales.

Entre los beneficiarios se encontrarían la propia exalcaldesa, así como sus hijos, su esposo y diversos integrantes de su administración. Los precios de los terrenos presuntamente adjudicados de manera irregular oscilaron entre los 18 mil 600 y los 44 mil pesos, montos muy por debajo de su valor real.

Adjudicaciones de despedida

En julio de 2018, Felipe Prado Bautista ganó la elección a la alcaldía de Mulegé como candidato del Partido Nueva Alianza (PANAL). Sin embargo, en septiembre del mismo año, cuando la administración panista estaba por concluir, funcionarios salientes habrían repartido 44 títulos de propiedad entre ellos mismos y sus familiares.

“Uno en Santa Rosalía, otros en Guerrero Negro, otros en Vizcaíno; se dieron el tiempo para elegir qué pedacito querían de Mulegé y adquirirlo en esas comodidades, sin cabildo y a precio muy bajo”, declaró el fiscal anticorrupción Lenin Ortiz.

El Artículo 131 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur establece que los bienes de dominio público municipal son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y que no pueden venderse ni adjudicarse sin un procedimiento legal previo y la autorización expresa del Cabildo.

“Estos servidores públicos, sin autorización de cabildo y sin ninguna anuencia, ya cuando estaban por entregar la administración, suscriben títulos a favor de ellos mismos. El síndico a favor de su concubina y su hija; la presidenta municipal a nombre propio, de su esposo, de su hija y de su hijo”, detalló Ortiz.

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La investigación continúa. Recientemente se celebró una audiencia en Santa Rosalía, en la que un juez determinó dictar auto de no vinculación a proceso.

No obstante, la Fiscalía Anticorrupción anunció que interpondrá un recurso de apelación, con el objetivo de que el caso sea revisado por magistrados y se determine si procede la continuidad del proceso penal contra los exfuncionarios involucrados.