No sólo es Rubén Rocha: estos son los otros gobernadores que han sido acusados de nexos con el narco

La acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, volvió a abrir debate sobre los presuntos vínculos entre autoridades y el crimen organizado.

Rocha Moya es acusado por autoridades estadounidenses de colaborar con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, para facilitar el tráfico de drogas.

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Según las imputaciones, el gobernador y varios funcionarios habrían recibido sobornos millonarios para brindar protección a actividades delictivas del grupo criminal, que incluso facilitó que Rocha Moya ganara la gubernatura.

No obstante, el caso no es aislado pues a lo largo de los años, varios gobernadores han sido señalados por presuntas relaciones con el narcotráfico. Te contamos.

Los otros gobernadores señalados

Entre los casos destacados de gobernadores ligados al narco están:

Tomás Yarrington

El exgobernador priista de Tamaulipas (1999–2005) fue acusado por Estados Unidos de recibir sobornos del Cártel del Golfo y Los Zetas a cambio de protección política y facilidades para operar en el estado.

Investigaciones señalan que el dinero del narcotráfico habría financiado su campaña a la gubernatura, además de varias propiedades en Texas que adquirió a través de prestanombres.

Tras años prófugo, fue detenido en Italia en 2017 y extraditado a Estados Unidos. En 2021, se declaró culpable de lavado de dinero y de aceptar sobornos, por lo que fue sentenciado a 9 años de prisión. Aunque en abril el 2025 fue deportado a México.

“El 25 de marzo de 2021, Yarrington se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas y fue sentenciado a cumplir 108 meses de prisión”, indicó el ICE.

Mario Villanueva

Fue gobernador de Quintana Roo entre 1993 y 1999 y acusado de permitir el paso de cargamentos de droga desde Colombia hacia Estados Unidos. Tras dejar el cargo, permaneció prófugo varios años hasta ser capturado en 2001.

En México fue condenado por lavado de dinero, pero fue extraditado a Estados Unidos en 2010. En 2012 se declaró culpable de conspiración para lavar dinero procedente del narcotráfico, pero fue repatriado a México en 2017. En 2020 obtuvo prisión domiciliaria, la cual mantiene actualmente en Chetumal.

Eugenio Hernández Flores

El sucesor de Yarrington (2005–2010) también fue investigado por EU por lavado de dinero y asociación delictuosa. En México, fue detenido en 2017 acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El gobierno estadounidense buscó su extradición al señalarlo de recibir sobornos por parte de Los Zetas, pero el proceso se prolongó por años. En junio del 2015, el Departamento de Justicia de EU hizo pública la acusación en su contra.

Finalmente, en 2022, un juez mexicano ordenó su liberación al considerar que no había elementos suficientes para mantenerlo en prisión.

Es así que algunos gobernadores han tenido un historial de acusaciones por vínculos con el crimen organizado derivadas de investigaciones en Estados Unidos, como el caso de Rocha Moya.