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Sinaloa volvió a estallar y el saldo es brutal: once muertos tras un operativo de la Marina contra un operador ligado a “Los Mayos”. Más allá del conteo, queda la imagen de una guerra abierta en la que el Estado irrumpe con fuerza letal sin lograr alterar el equilibrio real del poder criminal. No es un golpe definitivo, es otro episodio más de violencia que exhibe una estrategia que impacta en lo inmediato, pero no resuelve lo estructural.
En medio de ese escenario, un dato dinamita cualquier narrativa oficial: la detención y liberación casi inmediata de la hija de El Mayo Zambada. Ese hecho no es menor, deja la sensación de que la ley sólo se aplica a medias según el peso del apellido; es señal clara de una autoridad que actúa, pero no logra sostener sus decisiones, como ocurrió con la captura y liberación inmediata de Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, en octubre de 2019.
Once muertos después, la organización criminal sinaloense sigue en pie y el mensaje es inquietante: se despliega fuerza, pero no se consolida autoridad. En ese vacío, el crimen no retrocede, se reorganiza, mientras la credibilidad del Estado se erosiona frente a una sociedad que observa cómo la violencia y la impunidad se repiten sin consecuencias.
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