Desaparición intencionada

Sheinbaum intenta deslindarse del informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU como quien se sacude una sombra pegada a la espalda. Afirma que el reporte “no tiene nada que ver con la 4T” porque se basa en casos de 2009 a 2017, como si el horror tuviera fecha de caducidad y la responsabilidad del Estado pudiera fragmentarse por sexenios.

Es una defensa cómoda: convertir un diagnóstico estructural sobre desapariciones forzadas —crímenes de lesa humanidad— en un simple problema de periodo de estudio, para no asumir que el aparato que permitió, toleró y encubrió esas desapariciones es el mismo aparato que hoy gobierna, con otros colores.

Opinión El Azteca, historia hipotecada

El contexto que omite la presidenta es clave: el Comité de la ONU no habla únicamente del pasado, habla de un patrón de impunidad que atraviesa gobiernos, partidos y discursos oficiales. Cuando la 4T “depura” el registro de más de 130.000 personas desaparecidas y, tras un cribado burocrático, se queda con poco más de 43.000 como si las demás pudieran borrarse con un “clic”, está haciendo exactamente lo que el informe denuncia: administrar el dolor, no enfrentarlo; maquillar la cifra, no transformar la realidad. Y el dato más brutal no es solo cuántos quedan en la lista, sino cuántos tienen siquiera una investigación abierta: una fracción mínima, un 9% de expedientes realmente movidos, frente a un océano de carpetas dormidas. No es un problema del “ayer”. Es la fotografía del “hoy”.

Por eso la frase “no tiene nada que ver con la 4T” no solo es falsa: es peligrosa.

Cuando el gobierno responde a un informe sobre crímenes de lesa humanidad con tecnicismos de calendario y ajustes de base de datos, no está defendiendo a México, está defendiendo su narrativa. Y en esa narrativa, la prioridad no son las familias que buscan; la prioridad es que la ONU, y el mundo, no alcancen a ver la magnitud del abismo.