Diputado propone inhabilitar de por vida a políticos ligados al narco y evitar infiltración

El diputado del PRI, Christian Castro Bello, presentó una iniciativa para inhabilitar de por vida a los políticos ligados al crimen organizado, con la finalidad de evitar la infiltración del crimen y el financiamiento ilícito en las elecciones. Lo anterior para evitar casos como el de Hernán Bermúdez, señalado como líder de La Barredora.

Castro Bello, quien formará parte de la Comisión Permanente, propuso esta iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 109 de la Constitución. Los políticos serán inhabilitados cuando exista una sentencia definitiva y donde se le haya acusado por tener vínculos con la delincuencia organizada.

La inhabilitación de forma permanente será para acceder o desempeñar cualquier cargo público, sin importar que sea a través de la elección popular, designación, nombramiento o cualquier otro mecanismo previsto por la ley, se lee en el documento presentado por el priista.

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El legislador advierte que puede existir una infiltración por parte del crimen organizado en la estructura del Estado, no sólo en el financiamiento ilícito de las campañas. Asimismo, advierte de posibles redes de corrupción institucional, luego de varios escándalos que se han registrado.

Uno de esos escándalos es el de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco y que es acusado por tener vínculos con La Barredora, una organización criminal señalada por cometer ilícitos como narcotráfico, robo de combustible (huachicol) y cobro de piso (extorsión).

Asimismo, el diputado hizo referencia a otros casos como el de Diego Rivera, quien fuera alcalde de Tequila y que fue detenido por tener nexos con el crimen organizado. Afirmó que se requiere “un golpe de timón" ante casos que afectan la credibilidad de México.

La propuesta de Castro Bello fue destacada por Alejandro ‘Alito’ Moreno, dirigente del PRI, afirmó lo siguiente en sus redes sociales: “Aquí no hay lugar para tibiezas. Vamos a cerrarles el paso con todo el peso de la ley, porque la gente está cansada de vivir con miedo”.

En fechas recientes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a diferentes políticos mexicanos por presuntos nexos con el crimen organizado, tal es el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Dámaso Castro, vicefiscal de Sinaloa, entre otros.