Reforma electoral del INE causa roces: consejerías difieren en sanciones y fiscalización

En el debate interno sobre lo que debe ser la propuesta de reforma electoral planteada por el Instituto Nacional Electoral (INE), las consejerías difirieron en temas como la fiscalización de actores políticos, el uso de la justicia electoral, el acceso a tiempos del Estado para candidatos judiciales y eventuales sanciones por no aceptar ser funcionario de casilla.

En un documento de trabajo, obtenido por Grupo Fórmula, otro más que se analizará este martes en la Mesa de Consejeros, se dan a conocer los desacuerdos, límites y alcances del órgano electoral.

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Uno de los puntos que genera controversia es el castigo a ciudadanos que no participen como funcionarios, consejeros advierten una afectación a las libertades ciudadana y parece una amenaza; para la Dirección de Capacitación “pondría en riesgo la legitimidad a la autoridad electoral”.

La Elección Judicial ofrece varias observaciones, por ejemplo, el documento expone la complejidad de administrar tiempos de radio y televisión para candidaturas judiciales sin afectar las prerrogativas de los partidos políticos, y si el INE debe emitir constancias de mayoría a personas sustitutas en casos de vacancias, es decir, el rol técnico o invasivo del Instituto en una elección.

Algunas consejerías indicaron la necesidad de que el legislativo “definiera una nueva distribución de tiempos cuando exista concurrencia de las elecciones del legislativo y del poder judicial, o cuando existan elecciones de los 3 poderes”.

El llamado Dilema 19 exhibe posturas encontradas sobre hasta dónde debe llegar la intervención del INE en un procedimiento que le corresponde principalmente a los Comités de Evaluación para la elección judicial.

Las consejerías consideran viable una participación acotada, no obstante, otras alertan que involucrarse podría comprometer su imparcialidad y generar conflictos de responsabilidad.

En específico, la consejera Carla Humphrey considera que el Instituto no cuenta con las capacidades —ni con el mandato— para poner a disposición del Senado sus sistemas informáticos.

La entrega de constancia tiene dos visiones: mientras que una propone que sea únicamente encargo del Órgano de Administración Judicial; la otra sugiere que se modifique en leyes secundarias.

En materia de fiscalización, reconoce que la ley quedó corta frente a la multiplicación de actores obligados a rendir cuentas, como candidaturas independientes o judiciales, por lo que la propuesta es extender este catálogo.

Sin embargo, algunas consejerías alertan sobre riesgos de desorden normativo y cargas excesivas para la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF).

También propone que la fiscalización se fortalezca al establecer que, además de los secretos bancario, fiduciario y fiscal, el secreto ministerial no sea oponible al INE; las autoridades competentes tendrían la obligación legal de entregar la información que el órgano electoral requiera en el ejercicio de sus atribuciones.