'No refleja la realidad': México rechaza informe de la ONU sobre desapariciones

El gobierno de México señaló que el informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no refleja la realidad y que no existen indicios fundados de una política que consista en cometer ataques sistemáticos contra la población mexicana.

Rechazó la información del Comité de Desapariciones Forzadas por no haber considerado la información proporcionada por el Estado mexicano y aclaró que el informe analiza principalmente la situación que vivía México en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Información sesgada y tendenciosa

A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazaron el informe de la ONU por ser tendencioso y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el gobierno de México, las cuales demuestran que los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025.

Además, aseguraron que el proceso para generar el informe fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar. Dicho marco, según las Secretarías, no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia.

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La decisión del Comité juzga los hechos ocurridos en el periodo 2009-2017, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y se circunscribe a cuatro estados; por lo que el gobierno de México considera esta información parcial y sesgada, omitiendo considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo antes de publicar su resolución.

En el comunicado, el gobierno mexicano destacó que el propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión que no hay pruebas de que exista una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión.

No se consideró la información proporcionada por el Estado mexicano

También resaltaron la falta de rigor jurídico en la argumentación del CED, así como la ligereza de sus premisas, las cuales incluyen su interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma, agravada por conflictos de interés de algunos de sus integrantes; en específico, existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano.

“El gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo.”, resaltó el comunicado.

Entre las herramientas y obligaciones que el CED no consideró debidamente están:

• La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
• La obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte.
• La Base Nacional de Carpetas de Investigación.
• La Plataforma Única de Identidad.
• La obligación de fiscalías especializadas estatales.
• El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
• El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo.
• La obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación.
• La coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR.
• La incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.

El comunicado concluye asegurando que México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual.

“Reafirmamos el compromiso absoluto de este gobierno con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, y la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, como parte central de la transformación nacional.”

Por estas razones, el gobierno mexicano rechaza las afirmaciones del informe de la ONU, pero asegura que mantendrá una política de cooperación cotidiana con los sistemas internacionales y regionales