Alerta Máxima

La advertencia de Amnistía Internacional que declara una emergencia nacional por la crisis de desapariciones no es una exageración; es reflejo de una tragedia que se mide en cifras imposibles de ignorar.

Hoy hay más de 133 mil personas registradas como desaparecidas, 72 mil cuerpos sin identificar y una impunidad que llega al 99.6 por ciento en estos casos. Son cifras oficiales que retratan a un Estado rebasado por la violencia y su propia incapacidad para investigar.

Por eso Amnistía respalda al Comité contra la Desaparición Forzada, que ya activó el Artículo 34, mecanismo excepcional reservado para crisis extremas. Ese paso abre la puerta a que la Asamblea General de la ONU exhiba el caso México y ofrezca asistencia y acompañamiento especializado en búsqueda, análisis forense e investigación de vínculos entre autoridades y crimen organizado. En otras palabras, la comunidad internacional está diciendo “México solo no puede; necesita ayuda”.

Frente a esto, el gobierno responde con rechazo, descalifica el informe para evitar que el tema se exhiba en la ONU. Pero mientras el gobierno defiende su narrativa, las familias siguen buscando en fosas clandestinas, protegidas más por colectivos que por instituciones.

La verdadera amenaza a la soberanía no es aceptar cooperación internacional sino sostener un sistema incapaz de evitar las desapariciones forzadas sin consecuencia para los responsables.