Luisa María Alcalde, recién nombrada consejera jurídica, explica el caso Rocha Moya

Tras tomar posesión como Consejera Jurídica de la Presidencia de México, Luisa María Alcalde, tuvo su primera participación en la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum y retomó el polémico tema de Rubén Rocha Moya, por lo que, aseguró, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no realizó una petición formal de extradición.

Desde Palacio Nacional, Alcalde explicó las diferencias entre una petición formal de extradición y la solicitud de “detención provisional”, la cual carece hasta ahora de elementos suficientes para “justificar su urgencia”.

Nacional Rocha Moya tiene escolta estatal: ¿por qué le dieron seguridad al gobernador con licencia?

“Hay que hacer una distinción entre lo que es una solicitud formal de extradición y lo que es una solicitud de detención provisional con fines de extradición. No es lo mismo”, reiteró Luisa María.

En este sentido, destacó que lo solicitado contra Rocha Moya “es la detención provisional”, por lo que, si se encuentra fundada se procede a detención y se abre plazo de 60 días para presentar la solicitud formal de extradición.

Esto último, está regulado por el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, por lo que se debe presentar por vía diplomática e incluir “el delito por el cual se acusa”.

Luisa María detalló que tras analizar el caso, la Fiscalía General de la República (FGR) se concluyó que “no existe prueba que acredite la urgencia”, por lo que “la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar información adicional”.

Por tanto, el proceso se encuentra en una etapa inicial, reiteró Luisa María.

“El momento procesal exacto en el que estamos es en que la fiscalía emite la opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, que a su vez pedirá más información al país requirente.

Y en caso de acreditarse la urgencia, corresponderá a un juez de control determinar si procede la detención provisional y no a las autoridades administrativas. “No lo va a determinar la fiscalía, no lo va a determinar la Secretaría de Relaciones Exteriores”, añadió.

Además, la Consejera Jurídica de la Presidencia destacó que la “confidencialidad” que debe poseer los procesos de extradición “se violentó” y provocó un “linchamiento mediático y que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio sobre las 10 personas mencionadas”.

Rocha Moya cuenta con seguridad tras pedir licencia como gobernador de Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gabinete de Seguridad analizó el caso del gobernador con licencia en Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y determinó brindarle protección por su caso en específico.

La mandataria explicó que en este caso, como en cualquier otro, se toma en consideración el riesgo que cada persona lleva, por lo que la Guardia Nacional analiza cada caso para determinar si se fortalece la seguridad o no.

“Normalmente, en estos casos, como en cualquier otro, sea para un gobernador o gobernador en licencia, de cualquier entidad; un diputado, un senador, incluso un ciudadano que tenga consideración de riesgo de su persona, solicita a la Guardia Nacional, se hace análisis de riesgo y sobre eso se fortalece si se da o no la seguridad. En este momento, (Rocha Moya) tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio Gabinete”, detalló Sheinbaum.

Rubén Rocha Moya pidió licencia el pasado viernes 1 de mayo como gobernador de Sinaloa, luego de que fuera imputado por tres delitos vinculados al narcotráfico por parte de las autoridades de Estados Unidos. Además del mandatario estatal, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cazares, forman parte de la lista de 10 funcionarios y exfuncionarios señalados por el Departamento de Justicia.