Tras asesinato del exsubprocurador de Delitos de Alto Impacto, exigen justicia y un alto a la violencia en BCS

El asesinato del exsubprocurador de Delitos de Alto Impacto en Baja California Sur, Bernardo Soriano Castro, ocurrido el 25 de febrero en La Paz, generó conmoción y exigencias de justicia y transparencia. El exfuncionario había sido destituido días antes de su muerte tras denunciar la presunta presencia del crimen organizado e irregularidades internas, además de pedir el fortalecimiento de la corporación de seguridad.

Diversos sectores sociales y empresariales, así como partidos de oposición, han llamado a las autoridades a esclarecer el crimen y frenar la ola de violencia que afecta al estado, la cual, según han reconocido las propias autoridades, deriva de disputas entre grupos delictivos.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Baja California Sur condenó los hechos y subrayó que la violencia no puede normalizarse ni quedar impune.

“Desde este sector empresarial organizado hacemos un respetuoso, pero firme llamado a las autoridades competentes para que se lleve a cabo una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y garantizar la aplicación de la ley”.

Claridad, justicia y resultados

Por su parte, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de La Paz reiteró la importancia de garantizar la seguridad, la certeza jurídica y la confianza en las instituciones, pilares fundamentales para la paz social y el desarrollo económico del municipio.

“De manera respetuosa, pero enfática, hacemos un llamado a las autoridades competentes para que este caso sea investigado con total transparencia, diligencia y apego a derecho, garantizando el esclarecimiento pleno de los hechos y el deslinde de responsabilidades correspondientes. La sociedad merece claridad, justicia y resultados que fortalezcan la confianza institucional”.

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Por su parte, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, lamentó la muerte de Soriano Castro, informó que inician las investigaciones para esclarecer el hecho.

“Cumplió un ciclo en la procuraduría, ya había terminado, ahora nos toca investigar e investigar y dar con los responsables para que no quede impune, fue una verdadera cobardía, lo que hicieron”.

Baja California Sur está perdiendo su tranquilidad: PAN

El Partido Acción Nacional (PAN) calificó el asesinato como un hecho sumamente grave para la sociedad sudcaliforniana. Señaló que, si un exfuncionario con información privilegiada sobre el crimen organizado fue ejecutado sin protección, el mensaje para cualquier ciudadano que desee denunciar resulta devastador.

“Para el comerciante que sufre extorsión, para la madre que quiere reportar inseguridad en su colonia y para cualquier persona que confía en que sus instituciones funcionan, el mensaje es claro: Baja California Sur está perdiendo su tranquilidad”.

El partido solicitó que la investigación cuente con la participación de la Fiscalía General de la República, al considerar que permitir que la Procuraduría estatal conduzca sola el proceso podría comprometer la imparcialidad, dado que fue señalada previamente por el propio Soriano Castro.

En el ámbito legislativo, la senadora Susana Zatarain expuso el caso en el Senado de la República. Destacó que el exsubprocurador denunció presuntas irregularidades dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, fue destituido posteriormente y tiempo después asesinado.

“Él dijo que en Baja California Sur hay cobro de piso, y no me imagino toda la información que tenía sobre lo que está pasando en el estado. Exijo que se investigue a fondo este caso y que el gobierno de México fortalezca la seguridad en Baja California Sur, donde la extorsión ha aumentado 67%”.

Asimismo, se pidió que el procurador general de Justicia comparezca ante el Congreso del Estado para responder a los señalamientos formulados por Soriano, los cuales, señalan, deben ser atendidos por las instituciones y no quedar archivados tras su muerte.

Además, se solicitó protección inmediata para la familia del exfuncionario y para cualquier persona que pudiera contar con información relacionada con sus denuncias.

Finalmente, distintos sectores exhortaron al Gobierno del Estado a reconocer con seriedad la situación de seguridad que enfrenta la entidad y a actuar con la responsabilidad que las familias sudcalifornianas demandan.