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El estado de Baja California ha logrado colocarse como uno de los principales referentes en materia de protección y bienestar animal, gracias a una estrategia integral que ha transformado la forma en que se atiende esta causa. Bajo la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, se han impulsado acciones que combinan legislación, fortalecimiento institucional y atención directa a los animales.
Desde el inicio de la actual administración, el tema animalista ha sido parte de la agenda pública con un enfoque estructural. No solo se han implementado medidas para proteger legalmente a los animales, sino que también se han desarrollado programas que buscan garantizar su bienestar en todos los niveles, marcando un precedente en el país.
Uno de los primeros pasos fue la creación de la Dirección de Derecho y Bienestar Animal, instancia encargada de coordinar esfuerzos entre el gobierno estatal y los municipios. Este organismo ha permitido mejorar la aplicación de políticas públicas y atender de manera más eficaz los casos prioritarios.
A la par, se ha reforzado la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Animales y el Medio Ambiente, aumentando su capacidad para investigar y sancionar actos de maltrato. Este fortalecimiento institucional ha sido clave para combatir la impunidad en casos de crueldad animal.
Dentro de las acciones más destacadas se encuentra el Santuario Mily, ubicado en Mexicali, un espacio dedicado a la atención de animales que han sido víctimas de violencia. Este lugar cuenta con personal veterinario especializado y equipamiento médico de alta calidad, lo que permite brindar atención integral no solo a los animales resguardados, sino también a mascotas de la comunidad.
En el ámbito legislativo, Baja California ha dado pasos significativos que lo colocan a la vanguardia. En colaboración con organizaciones civiles, se han impulsado reformas que elevan la protección jurídica de los animales.
Entre ellas destaca la modificación constitucional que reconoce a los animales como seres sujetos de especial protección, un cambio que redefine su estatus legal. Además, se han reformado el Código Penal y la Ley de Protección a los Animales Domésticos, ampliando las conductas consideradas como maltrato, incluyendo el abandono y la desnutrición.
Las sanciones también fueron endurecidas, estableciendo penas de hasta ocho años de prisión en los casos más graves. Asimismo, se implementó la persecución oficiosa del delito y la creación de un registro estatal de agresores, lo que refuerza los mecanismos de prevención.
Otro de los cambios relevantes ha sido la eliminación de las calandrias tiradas por caballos en Ensenada, sustituidas por alternativas eléctricas. Esta decisión no solo erradicó una práctica considerada de explotación, sino que también contempló opciones para quienes dependían de esta actividad.
El enfoque de la actual administración se ha caracterizado por integrar la voz de especialistas y organizaciones civiles en la toma de decisiones. Esto ha permitido construir políticas más efectivas y con un enfoque humano.
Con estas acciones, Baja California no solo fortalece sus instituciones, sino que redefine la relación entre el Estado y los animales. Hoy, la entidad avanza hacia un modelo más justo y empático, donde la protección animal se asume como una prioridad y un compromiso permanente.
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