Caso Gabriela Salazar: se cumplen 2 semanas de la sustracción de la niña de 3 años en Tamaulipas

Se cumplen dos semanas de un hecho que ha generado indignación y movilización social en Tamaulipas: la sustracción violenta de una menor de tres años, hija de Gabriela Salazar, en un acto que ha sido señalado como una grave violación a los derechos humanos y un caso más de violencia vicaria amparada por un sistema judicial corrupto, refirió la Colectiva Mujer Manglar a través de un comunicado.

El pasado 29 de agosto de 2025, Alejandro Ávila Limas, señalado como agresor de Gabriela y su hija, irrumpió de forma violenta en el domicilio donde ambas vivían desde hace más de año y medio. Lo hizo acompañado por un actuario, agentes de la Guardia Estatal, dos abogados y otros hombres, amparado por una orden emitida por la jueza Roxana Ibarra Canul, quien actualmente se encuentra bajo investigación.

Durante el operativo, según testigos y denuncias públicas, la menor fue arrebatada a empujones y gritos de los brazos de su madre, en un procedimiento que diversos colectivos feministas califican como ilegal y brutal, violando los principios del interés superior de la niñez.

Desde entonces, Gabriela Salazar no ha dejado de exigir justicia y la restitución inmediata de su hija. A pesar de que diversas instituciones han reconocido que se violaron los protocolos legales y que la custodia fue otorgada de forma irregular, al día de hoy la menor no ha sido devuelta a su entorno materno, donde colectivos advierten que su integridad podría estar en riesgo.

Exigencias de los colectivos Diversas organizaciones feministas —entre ellas Mujer Manglar, Frente Feminista Tamaulipeco, Asesoría Jurídica Feminista, Colectiva Xólotl y Matamoros Decide— han alzado la voz para denunciar lo que consideran una actuación cómplice del sistema judicial y exigir acciones inmediatas:

La restitución inmediata de la menor al entorno seguro con su madre y familia materna.Sanciones a la jueza Roxana Ibarra Canul y a todos los funcionarios que participaron en la ejecución de esta orden.El reconocimiento de la violencia vicaria como una forma grave de violencia de género que sigue ocurriendo en México con total impunidad.

"Si la justicia hubiera sido tan rápida y eficaz como lo fue para entregarle la custodia a un agresor, hoy Gabriela estaría en su casa con su hija, sanando en paz", señalan en su comunicado.

Es un llamado urgente a revisar las prácticas del Poder Judicial en materia de custodia y protección de menores. Las colectivas han advertido que no permitirán que este caso quede impune y han reiterado que “nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio”, manteniéndose en lucha permanente hasta lograr justicia para Gabriela y su hija.