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Las entrañas del crimen no solamente se han limitado al mercado ilícito de las drogas, sino que también han encontrado rubros lucrativos como lo son las medicinas, el alimento y hasta la gasolina.
Los delitos cometidos en contra de La Ley General de Hidrocarburos -conocidos como “huachicol”-, han intentado ser castigados cuyas penas cada vez se endurecen más en las leyes, sin embargo, continua su incidencia.
En estados como Hidalgo y Guanajuato las autoridades perciben con más intensidad la problemática del robo de combustible o perforación de ductos para sustracción ilegal, sin embargo en Sonora el problema no es ajeno.
De acuerdo con información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en 2021 las agencias del ministerio público del fuero federal recibieron 60 denuncias en ese sentido. Para el 2022 la cifra aumentó a 66 y después se observó una ligera disminución.
Durante el 2023 los delitos contra la Ley de Hidrocarburos se redujeron a 53, el 2024 a solo 44 casos, sin embargo, en los primeros seis meses del 2025 los números ya superan al promedio de los últimos años, con 59 carpetas de investigación confirmadas.
Desde Petróleos Mexicanos (PEMEX), han realizado esfuerzos para prevenir el delito, advirtiendo desde sus medios institucionales, sanciones a quien incurra en los siguientes supuestos.
-Sustraiga, aproveche, compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos.
-Resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre u oculte hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
-Altere o adultere hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento.
-Altere los sistemas de medición, en posesión o al servicio de los asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores, con conocimiento de que producirá un daño o afectación a la normal operación de los mismos.
-Permita o realice el intercambio o sustitución de otras sustancias por hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin contar con la autorización respectiva de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores.
-Realice cualquier sustracción o alteración de ductos, equipos, instalaciones o activos de la industria petrolera, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo.
La ley federal federal contempla hasta seis años de prisión cuando la cantidad de combustible sustraída o comercializada de manera ilegal sea menos a 300 litros. Cuando se llega a comprobar cantidades de 300 a mil litros, la pena puede alcanzar los 10 años de cárcel.
De tal forma que una persona puede llegar a pasar hasta 17 años presa cuando la cantidad de combustible involucrado es mayor a 2 mil litros.
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