Vecino incómodo

La muerte de dos agentes de la CIA en territorio mexicano es la grieta por donde asoma una vieja verdad incómoda. Estados Unidos opera en México con una red de la que ni la Presidenta de la República dice tener constancia. Que la mandataria no se entere por los canales oficiales no habla solo de un fallo de comunicación bilateral; habla de una arquitectura paralela de inteligencia que lleva décadas moviéndose en la penumbra.

La exigencia de explicaciones a Washington y a Chihuahua pone al descubierto que el Estado mexicano no controla del todo lo que ocurre en su propio territorio, y que la cooperación antidrogas encubre operaciones que rebasan cualquier marco legal reconocible. Si la CIA entraba y salía sin aviso, el agravio es doble; lo cometió la potencia que exige respeto a sus fronteras mientras pisa las ajenas, y lo permitió un aparato estatal mexicano que prefiere la complicidad silenciosa al costo político de decir "no". La soberanía no se pierde en un día; se erosiona en cada informe tardío, en cada operativo del que la Presidencia se entera por los medios de comunicación.

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Lo que viene ahora no puede reducirse a una nota diplomática de protocolo. México tiene derecho —y obligación— a exigir un inventario completo: cuántos agentes, con qué mandato, bajo qué supervisión y con qué complicidades actúan. Chihuahua debe responder si hubo autoridades estatales que supieron y callaron. Y la ciudadanía merece saber si este gobierno está dispuesto a plantarle cara al vecino incómodo o si, como tantas veces, la soberanía seguirá siendo un discurso de domingo y una renuncia de lunes a viernes. La muerte de los dos agentes no enciende una alarma nueva; enciende, una luz que llevaba años parpadeando en silencio.