Rocha Moya al banquillo

El anuncio del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, marca un punto de quiebre en la relación entre el poder político en México y la justicia estadounidense.

Por primera vez, un gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, y otros nueve altos cargos administrativos y policiales de Sinaloa son acusados formalmente en una corte de justicia de colaborar con el Cártel de Sinaloa para enviar droga a Estados Unidos. Ya no se trata solo de capos y sicarios; el señalamiento va directo al corazón de las instituciones estatales que, en teoría, deberían combatir al crimen organizado, no servirle de plataforma logística.

De acuerdo con el documento judicial estadunidense, el gobernador y los funcionarios imputados enfrentan cargos por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego, al haber facilitado la distribución de grandes cantidades de narcóticos hacia territorio estadounidense. La acusación no habla de tolerancia pasiva ni de omisiones, sino de colaboración activa mediante el uso de estructuras del Estado, protección política y complicidad operativa con una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Es el retrato de un narcoestado, donde la línea entre gobierno y cártel no solo se desdibuja sino que se borra deliberadamente.

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Pase lo que pase, el golpe político es devastador. Si un fiscal de Nueva York sostiene ante un juez que un gobernador mexicano trabajó con el Cártel de Sinaloa, el mensaje es claro: las autoridades locales ya no son sospechosas de corrupción, son presuntos socios de criminales. Para México, esto significa algo más que un escándalo mediático, implica admitir que la batalla contra el narcotráfico está seriamente comprometida desde dentro del propio Estado. Y si no hay una respuesta firme, transparente y ejemplar desde el gobierno de México, la pregunta que quedará flotando será brutal: ¿cuántos Rocha Moya más están gobernando, mientras fingen combatir al crimen al que, en realidad, sirven?