Caso Vulcan vuelve a 'sacar chispas': gobierno rechaza confiscar instalaciones a empresa de EU

Ante los señalamientos de que el gobierno de los Estados Unidos presiona al de México por la ‘confiscación’ de instalaciones ocupadas por la empresa Vulcan, en Quintana Roo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó que el sitio haya sido expropiado o confiscado.

Mediante un documento, difundido este domingo, la Semarnat aclaró: “No existe apropiación ni confiscación de activos de Vulcan Materials en México. Los predios, incluyendo la terminal marítima, continúan siendo parte de la empresa”, afirmó la dependencia.

Las medidas adoptadas corresponden a la restricción de actividades extractivas derivada de la declaratoria nacional de Área Natural Protegida ‘Felipe Carrillo Puerto', conforme al marco jurídico mexicano", agregó la Semarnat.

De acuerdo con la versión del gobierno mexicano, las autoridades mantienen “un diálogo abierto y de buena fe con la empresa para encontrar soluciones que brinden certeza jurídica y garanticen la protección ambiental”. Además de que rechazó la “propuesta” de la legislación estadounidense en torno al caso.

En suma, la actuación del Estado mexicano no constituye una expropiación, no vulnera acuerdos internacionales ni implica un cierre al diálogo", agregó.

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La dependencia reiteró que México es un país abierto a la inversión, pero que hace valer su marco jurídico ambiental. Todo esto en referencia a un artículo publicado por Reforma, donde se informó que la Cámara de Representantes de EU busca imponer sanciones a México por el caso Vulcan.

August Pfluger, legislador republicano, impulsó una iniciativa para sancionar a México y proteger a Vulcan, pues aseguró que pone en riesgo las inversiones estadounidenses e incluso acusó que existe una campaña coordinada en contra de dicha empresa.

‘Revive’ el caso Vulcan

El caso Vulcan data de 2018, cuando en la recta final de su sexenio, el expresidente Enrique Peña Nieto limitó las acciones de la empresa estadounidense en Quintana Roo, ante los daños ambientales que ocasionó al ecosistema, incluyendo cenotes y otros cuerpos de agua subterránea.

Ya durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el gobierno federal cerró la cantera de caliza en Quintana Roo. Para 2023, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) tomaron la terminal de Punta Venado; la empresa acusó que todo esto violaba su contrato vigente hasta el año 2037.

En 2024, AMLO declaró la zona como un Área Natural Protegida (ANP), con lo que se restringieron todas las actividades de Vulcan. La empresa ha interpuesto demandas ante tribunales internacionales, con la finalidad de reanudar sus actividades.