Ley de Expropiación en Campeche, peligrosa para el Estado de derecho, acusa MC y PRI

El Congreso de Campeche aprobó una reforma a la Ley de Expropiación, impulsada por la gobernadora Layda Sansores San Román, bajo el argumento de actualizar una norma que data de 1981. Sin embargo, para la diputada priista Delma Rabelo, esta medida representa un grave retroceso para el estado de derecho y un atentado contra la propiedad privada.

La legisladora denunció que la reforma fue presentada en un momento en que la ciudadanía estaba distraída con la Serie de Campeonato de Béisbol, lo que calificó como una estrategia política para minimizar la reacción social.

“No se trata de un simple ajuste normativo, de armonizar la ley como lo han declarado los diputados de Morena y su aliados, se trata de que se va a abrir la puerta a un mecanismo que coloca a la propiedad privada a merced de la voluntad del Ejecutivo”, afirmó Rabelo.

Reforma deja indefensos a los ciudadanos

Delma Rabelo aseguró que la modificación a la Ley de Expropiación no solo debilita el derecho a la propiedad, sino que deja al ciudadano sin herramientas legales efectivas. Explicó que, aunque se puede recurrir al juicio de amparo, éste resulta inútil si el Poder Judicial responde a los intereses del gobierno estatal.

Además, acusó que la reforma tiene dedicatorias políticas, pues durante el debate en el Congreso fue mencionado el nombre de Alejandro ‘Alito’ Moreno, líder nacional del PRI. Para la diputada, se trata de un instrumento que puede ser usado para venganzas y persecución.

MC advierte riesgos de despojo y pagos injustos

Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano, Pedro Armentía López, coincidió en que la reforma representa un riesgo para los ciudadanos. Señaló que el artículo 18 ahora permite que, una vez declarada la expropiación, el gobierno tome posesión inmediata de los bienes y comience obras sin haber liquidado al propietario, disponiendo de hasta diez años para pagar la indemnización.

“Para poder despojar de la propiedad a un ciudadano si es de utilidad pública. O sea, el problema aquí que nosotros vemos, es que queda en la decisión del mismo gobierno determinar cuál es el bien de utilidad pública, dejándole sin argumentos jurídicos administrativos al ciudadano para su defensa”, indicó Armentía López.

Finalmente, los legisladores de oposición exhortaron a Layda Sansores a ejercer su derecho de veto para que la reforma sea reconsiderada y no se convierta en un instrumento de despojo. De lo contrario, señalaron, el único recurso que quedará será la acción de inconstitucionalidad.