Empresario señalado por sobornos en Pemex no está prófugo y no es indagado en México, dicen abogados

El empresario Mario Ávila Lizárraga, acusado por Estados Unidos por presuntos sobornos a funcionarios de Pemex no es indagado en México, aseguraron sus abogados.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, uno de los abogados explicó que el empresario no está prófugo de la justicia pues vive en México y realiza sus actividades de manera normal.

“Está en México, no está prófugo, no tiene ni una sola acusación en el país”, expuso el litigante Roberto Keoseyan.

“No hay delito que perseguir, no hay una entrega de dinero donde haya participado Mario”.

Keoseyan relató que Mario Ávila ocupó un cargo en una subdirección de Pemex, donde supervisaba contratos marinos, durante el Gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, nunca realizó contratos ilegales.

Comentó que el año pasado fue detenido cuando buscaba ingresar a Houston y autoridades le informaron sobre una investigación en su contra, además de que lo amagaron para que revelara más nombres de funcionarios involucrados. Posteriormente fue liberado y regresó a México.

No obstante, hasta el momento no hay elementos de prueba en su contra sobre ninguna clase de sobornos, insistió Miguel González, otro de sus abogados.

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Ambos defensores aseguraron que también cuenta con un equipo de litigantes en EU que dan seguimiento al proceso.

“Se está defendiendo en EU y hay elementos muy claros de que no ocurrieron (los presuntos sobornos). Él no está escondido, no hay delito que perseguir en México”, apuntó González.

Previo a ser funcionario de Pemex, Ávila Lizárraga fue candidato del PAN a gobernador de Campeche en 2009.

¿Por qué acusa EU a Mario Ávila?

El Departamento de Justicia de EU reveló una indagatoria contra dos empresarios mexicanos por presuntos sobornos a funcionarios de Pemex para obtener contratos millonarios.

Precisó que Mario Ávila, junto con Ramón Rovirosa, conspiraron para pagar al menos 150 mil millones de dólares en sobornos a funcionarios.

Los mexicanos enfrentan cargos de conspiración para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero, por lo que de ser hallados culpables podrían enfrentar una pena de hasta 5 años de prisión.

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el caso se indaga y los contratos millonarios nunca se llevaron a cabo.