Cabeza de Vaca pagó su defensa legal con dinero público, revelan documentos oficiales

Una serie de documentos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia revelan que Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas y hoy prófugo de la justicia, anticipó con recursos públicos el pago de su defensa legal, años antes de enfrentar cargos por delincuencia organizada, lavado de dinero y desvío de recursos.

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Las pruebas indican que entre 2016 y 2021, el gobierno de Tamaulipas pagó 46.3 millones de pesos a los despachos de los abogados Javier Coello Trejo y Roberto Gil Zuarth. Ambos son, actualmente, quienes encabezan su defensa ante las órdenes de aprehensión giradas por la Fiscalía General de la República.

Según los registros oficiales, entre abril de 2018 y noviembre de 2019, el despacho “Coello Trejo y Asociados” recibió 14.4 millones de pesos por “asesoría y capacitación en mejoras” y “protocolo jurídico”. No existen pruebas documentales de que tales servicios se hayan llevado a cabo.

Cabeza de Vaca previó su caída

Por su parte, “Accuracy Legal and Consulting”, propiedad de Roberto Gil Zuarth, cobró 31.9 millones de pesos entre noviembre de 2019 y marzo de 2021. El concepto de facturación fue “asesoría jurídica en controversias del gobierno del estado”, pero tampoco se han presentado evidencias claras sobre los resultados o servicios prestados.

Fuentes cercanas al exmandatario aseguran que estos pagos no fueron aleatorios. Cabeza de Vaca, consciente del cúmulo de irregularidades durante su gestión, habría asegurado su futura defensa penal con anticipación, usando recursos públicos.

El reporte destaca que la contratación de los abogados formó parte de una estrategia a largo plazo para evadir a la justicia. Hoy, esa estrategia se cumple al pie de la letra: el exgobernador está fuera del país, prófugo, mientras su equipo legal lo representa ante la FGR.

Una red de complicidades al borde del colapso

Además del caso de Cabeza de Vaca, varios integrantes de su gabinete también enfrentan denuncias por quebrantos financieros que rebasan los mil millones de pesos. Todos ellos habrían formado parte de una red de corrupción que, según la investigación, operó mediante contratos inflados, adjudicaciones directas y favores legales.

El blindaje judicial que lo ha mantenido libre podría tener los días contados. La elección judicial de 2025 renovará la estructura del Poder Judicial, lo que, según fuentes cercanas al caso, podría dejar a Cabeza de Vaca sin la protección que logró pagar en su momento.