'Batean' a Tomás Yarrington: Tribunal desecha queja; seguirá preso en el Altiplano

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en el Estado de México declaró infundado un recurso de queja presentado por Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas y que es acusado por delitos contra la salud, por lo que continuará bajo prisión preventiva en el penal del Altiplano, donde se encuentra desde el pasado 9 de abril.

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Con el recurso presentado, el exgobernador de Tamaulipas pretendía impugnar el fallo emitido por el juez Juan Pablo Cortés, quien le negó una medida cautelar para no ser detenido, en tanto es investigado por su presunta participación en delitos contra la salud, sobre todo en la modalidad de colaboración.

El pasado 16 de abril, el juez emitió la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Tomás Yarrington, hecho que fue anunciado por la Fiscalía General de la República (FGR) a través de sus redes sociales. Al exmandatario de Tamaulipas se le relaciona a otros delitos como lavado de dinero, delincuencia organizada y vínculos con el crimen.

Yarrington se encuentra en México desde el pasado 9 de abril, cuando autoridades de los Estados Unidos lo entregaron en el cruce fronterizo entre Tijuana y San Diego. El exfuncionario había permanecido detenido en el 'vecino país del norte' desde 2018, donde fue acusado por sus vínculos para permitir el delito de lavado de dinero.

En una primera instancia, un Tribunal de los Estados Unidos dictó una condena de nueve años en prisión al exmandatario estatal, pero luego fue modificada a 91 meses (poco más de siete años). En julio de 2024, Tomás Yarrington abandonó la prisión de Thomson, Illinois, donde había permanecido recluido.

Sin embargo, en abril de 2024, la FGR reabrió una carpeta de investigación contra Yarrington, misma que había sido abierta desde el año 2009 y donde se le acusa por lavado de dinero: el primer monto es de 12.7 millones de pesos y el segundo es cercano a los 4.5 millones de pesos (450 mil dólares).

A Tomás Yarrington también se le señala por el supuesto financiamiento que recibió su campaña por parte del crimen organizado en 1999. Tanto el Cártel del Golfo (CDG) como Los Zetas son señalados por, presuntamente, aportar dinero para las aspiraciones políticas del expriista, quien gobernó Tamaulipas entre 1999 y 2005.