¿Se podría aplicar en México una reforma laboral como la de Javier Milei?

La llegada de Javier Milei al poder en Argentina sacudió el tablero político de toda América Latina con propuestas de una transformación radical del mercado de trabajo. En México, el debate sobre si un modelo de flexibilización extrema de este tipo podría aplicarse ha cobrado una fuerza inusitada tanto en círculos académicos como en diversos sectores empresariales.

Mundo Javier Milei da marcha atrás con un artículo clave en la reforma laboral en Argentina

Sin embargo, la realidad jurídica y política de ambos países muestra que la implementación de medidas similares en territorio mexicano resulta sumamente compleja. En el contexto actual de 2026, este tipo de reformas enfrentaría obstáculos casi insuperables debido a las marcadas divergencias estructurales y de agenda que existen entre las dos naciones.

El modelo de Javier Milei frente a la realidad de México

La reforma laboral de Milei se centra en la flexibilización total: reducir costos de despido, ampliar periodos de prueba y sustituir indemnizaciones por fondos de cese laboral similares a los de la construcción. En contraste, México avanza en la dirección opuesta. Mientras en Argentina se proponen jornadas de hasta 12 horas diarias mediante bancos de horas, el Senado mexicano consolidó en febrero de 2026 la reducción gradual de la jornada de 48 a 40 horas semanales, reforzando la protección del tiempo libre del trabajador.

México ha priorizado en los últimos años el fortalecimiento de los derechos adquiridos. Leyes como la "Ley Silla", que garantiza el derecho al descanso durante la jornada, y las nuevas regulaciones para repartidores de plataformas digitales, demuestran que la agenda nacional busca robustecer el bienestar laboral. Aplicar un esquema "tipo Milei" significaría desmantelar este modelo de protecciones que la administración actual de Claudia Sheinbaum ha colocado como uno de sus pilares fundamentales de gobierno.

El blindaje constitucional y el contexto político

El principal freno para una reforma de corte libertario en México es el Artículo 123 de la Constitución. Este artículo no sólo es una ley, es un pacto social que protege el monto de las indemnizaciones y la estabilidad en el empleo. Para modificar estos derechos, se requeriría una mayoría calificada en el Congreso que actualmente no existe para tales fines, ya que la ideología dominante se inclina por el incremento constante del salario mínimo y la mejora de las prestaciones de seguridad social.

Políticamente, el choque sería frontal con la estructura sindical y la plataforma política de la autodenominada Cuarta Transformación. Un modelo que elimine la indemnización por despido chocaría con la esencia del derecho laboral mexicano, que históricamente ha sido tutelar del trabajador. Así, mientras Argentina experimenta con la desregulación para intentar bajar costos laborales, México apuesta por la formalización y el consumo interno a través de mejores salarios, marcando dos caminos divergentes en la gestión económica de la región.