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EU acusa a dos empresarios mexicanos por presuntos sobornos a Pemex; dieron artículos de lujo

La justicia de los Estados Unidos busca una pena de cinco años de prisión para estas personas por presunta corrupción. 

Los empresarios son acusados de sobornar con artículos de lujo a funcionarios de Pemex.
Los empresarios son acusados de sobornar con artículos de lujo a funcionarios de Pemex.
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El Departamento de Justicia de EU (DOJ, en inglés) reveló este lunes que dos ciudadanos mexicanos fueron acusados de presuntamente sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para obtener contratos lucrativos.

Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, y Mario Alberto Ávila Lizarraga, de 61 años, presuntamente conspiraron para pagar al menos 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de Pemex y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP).

Los dos mexicanos enfrentan cada uno un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres cargos por violaciones sustanciales de la FCPA.

Según documentos judiciales, entre 2019 y 2021, Rovirosa, Ávila y sus cómplices habrían ofrecido pagar y pagaron sobornos en forma de artículos de lujo, como productos de las marcas Louis Vuitton y Hublot, pagos en efectivo y otros artículos de valor, a al menos tres funcionarios de Pemex y PEP a cambio de que estos tomaran ciertas medidas para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y retener negocios con la petrolera mexicana.

Estos sobornos ayudaron a empresas asociadas con Rovirosa a obtener contratos con Pemex y PEP por al menos 2.5 millones de dólares.

Ambos acusados son ciudadanos de nacionalidad mexicana que residían legalmente en Texas, según explicó el DOJ. Rovirosa fue procesado este lunes, mientras que Ávila se encuentra prófugo.

Matthew R. Galeotti, fiscal de la División Penal del Departamento de Justicia, dijo en un comunicado que esta acusación “debe enviar” un mensaje claro de que la Justicia estadounidense no tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo.

De ser declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo.

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