ASE investigará cobros irregulares del Ayuntamiento de Mazatlán a inmobiliarios

La Auditoría Superior del Estado (ASE) tendrá en sus manos determinar si el Ayuntamiento de Mazatlán incurrió en irregularidades al cobrar a desarrolladores inmobiliarios permisos para incrementar la edificabilidad —es decir, construir más niveles de los permitidos en el Plan Director de Desarrollo Urbano— sin contar con un marco legal que lo respaldara.

El tema salió a flote luego de que el propio Cabildo reconociera que los cobros ya se venían aplicando pese a no estar contemplados en la Ley de Hacienda Municipal.

El pasado 15 de mayo, el Cabildo aprobó enviar al Congreso una iniciativa para reformar dicha ley e incorporar formalmente conceptos relacionados con los servicios de la Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable. Sin embargo, al advertir que el proceso legislativo podría demorar varios meses, el 7 de agosto los regidores avalaron una salida “provisional”: incorporar de manera transitoria esos cobros en la Ley de Ingresos 2025.

El dictamen fue explícito: el objetivo era dar certeza jurídica a pagos que ya se realizaban sin base normativa. Apenas dos semanas después, el 21 de agosto, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la modificación, validando de forma excepcional y temporal el esquema de Mazatlán.

La diputada Tere Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política, explicó que esta autorización se concedió solo para Mazatlán, dado su dinamismo inmobiliario, aunque no descartó revisar el tema en ciudades como Culiacán, Ahome o Guasave.

La legisladora de Morena también reconoció que el caso ya quedó bajo la lupa de la ASE:

“El propio dictamen admite que el Ayuntamiento ya había iniciado los cobros antes de contar con el aval legislativo. Será la Auditoría la que determine si hubo o no irregularidad”, señaló.

Y al ser cuestionada sobre si esta situación podría traer problemas legales al municipio, Guerra Ochoa fue enfática:

“Eso ya no lo sé, eso depende si hay alguna queja… Los mismos inmobiliarios pedían la reforma, entonces la queja tendría que venir de ellos. Eso tendrá que verse en la ASE”.

Con esta decisión, el Congreso dejó un precedente: el Ayuntamiento de Mazatlán cobró primero y buscó legalizar después, situación que ahora será investigada por la Auditoría Superior.