Sheinbaum ordena investigar presunta privatización de playa San Cristóbal en Baja California Sur

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que solicitará a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) investigar la presunta privatización e invasión de la playa San Cristóbal, ubicada en Cabo San Lucas, Baja California Sur, tras diversas denuncias sobre un posible avance irregular de un proyecto turístico atribuido a los empresarios Fernando González Corona y Juan Antonio Schekaiban Assad.

Durante su conferencia de prensa matutina, un reportero expuso a la presidenta la problemática que enfrentan habitantes de Los Cabos debido a la privatización de accesos públicos a playas y el riesgo ambiental que representaría la construcción en la zona costera.

“La maestra Iliana Villalobos, subsecretaria de Semarnat, está a cargo de este tema. En Nayarit ya se abrieron varias playas; en Puerto Vallarta también. Y están resolviendo un caso en Baja California Sur. Vamos a plantearle también esta situación porque Semarnat debe garantizar el acceso público a las playas”, afirmó Sheinbaum.

Mandato judicial ignorado

En abril de este año, el Juzgado Primero de Distrito en Baja California Sur ordenó al Ayuntamiento de Los Cabos, realizar las gestiones necesarias para liberar el único camino transitable hacia la playa San Cristóbal.

Sin embargo, denuncias ciudadanas señalan que el acceso continúa cerrado, pese a la resolución federal. También acusan la existencia de certificaciones catastrales sin acreditación de propiedad, la supuesta cancelación de más de 65 millones de pesos en adeudos de un predio colindante, así como avances en un proyecto hotelero sin permisos públicos visibles.

Organizaciones y ciudadanos han señalado presuntos vínculos de esta situación con funcionarios locales y empresarios como Juan Antonio Schekaiban Assad y el empresario turístico Fernando González Corona, fundador y presidente de TAFER Hotels & Resorts.

El empresario ha sido señalado en diversas ocasiones por irregularidades en proyectos inmobiliarios, asuntos fiscales y presuntos abusos laborales.

El gobierno estatal fija postura

Ante la preocupación de colectivos y habitantes sobre posibles construcciones que puedan afectar el ecosistema costero de Baja California Sur, el gobernador Víctor Castro Cosío respondió a Radio Fórmula que su administración no permitirá proyectos que dañen el medio ambiente ni la privatización de playas.

“No he vendido una sola playa ni voy a autorizar nada que afecte al medio ambiente. Rechazaremos cualquier proyecto que ponga en riesgo nuestro patrimonio natural. No permitiré que se privaticen las playas ni que se construya donde no se debe construir”, sostuvo.

Organizaciones como BCS Contra la Corrupción y Es Mi Playa denuncian que San Cristóbal, antes un espacio común de libre acceso, se ha convertido en un área controlada por una empresa turística que ofrece actividades de cuatrimotos, paseos a caballo y liberación de tortugas con fines comerciales, y hoy amenaza con construir en la zona.

“Lo que antes era una playa común ahora es un espacio exclusivo para turistas que puedan pagarlo”, afirmaron los colectivos.

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En 2020, mediante decreto, se reformó la Ley General de Bienes Nacionales para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas. Conforme a esta disposición, el acceso a las playas y a la zona federal marítimo-terrestre no podrá ser restringido, obstaculizado ni condicionado.

Los propietarios de terrenos colindantes deberán permitir el libre acceso. Quienes lo impidan, restrinjan, obstaculicen o condicionen serán sancionados con multas que van de 3,000 a 12,000 veces la UMA.

Asimismo, cuando se impida el acceso, se podrán revocar las concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino relativos al aprovechamiento de la zona federal marítimo-terrestre.