Morena impulsa suspensión preventiva a personal educativo acusado de delitos contra menores en BCS

El diputado de Morena, Venustiano Pérez Sánchez, presentó ante el Congreso de Baja California Sur una iniciativa para establecer la suspensión preventiva obligatoria de trabajadores del sector educativo que sean investigados por presuntos actos de violencia o delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.

La propuesta ha generado debate entre autoridades educativas y trabajadores del magisterio.

La iniciativa plantea adicionar los artículos 45 Bis y 46 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios. Establece que, ante la existencia de una denuncia penal, carpeta de investigación o reporte policial, el personal señalado sea separado de manera inmediata de sus funciones, sin afectar su salario ni sus derechos laborales, al tratarse de una medida preventiva y no sancionatoria.

“Va encaminada a proteger los derechos y sancionar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, además de garantizar los debidos procesos en este tipo de delitos”, afirmó el legislador.

Asimismo, la propuesta obliga a las y los trabajadores del sector educativo a denunciar de forma directa e inmediata cualquier posible delito contra menores, advirtiendo que la omisión o el retraso en la denuncia podría derivar en responsabilidades administrativas.

Al respecto, el dirigente estatal del Movimiento de Trabajadores de la Educación en Baja California Sur, Carlos Betancourt, señaló que, si bien es fundamental proteger los derechos de la niñez, también es necesario escuchar al personal educativo para evitar que la reforma vulnere los derechos laborales de los docentes.

Consideró que la iniciativa carece de sensibilidad hacia la realidad que enfrentan los trabajadores en los planteles educativos y advirtió que no existe un conocimiento pleno de las dinámicas internas en las escuelas.

“Lo están tocando sin una sensibilidad ni un conocimiento real de lo que ocurre en los espacios educativos. Es muy fácil decir que se va a castigar al maestro, pero ¿qué pasa con nuestra protección?”, expresó.

Betancourt subrayó que, una vez más, se pretende cargar mayores responsabilidades al magisterio sin atender rezagos laborales históricos ni fortalecer las garantías para los docentes.

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“También somos ciudadanos, personas con derechos y obligaciones. Cada vez se responsabiliza más al trabajador de la educación, se le exhibe, pero no se habla de su protección”, añadió.

Una prioridad es la protección a niñas, niños y adolescentes, dice la SEP

Por ello, maestros demandaron la apertura de un diálogo directo con las autoridades, a través de mesas de trabajo, para fortalecer la iniciativa y garantizar la protección de la niñez sin criminalizar al docente sin pruebas.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Educación Pública en Baja California Sur, Alicia Meza Osuna, explicó que actualmente, cuando existe una acusación, el trabajador es retirado de la convivencia con menores y comisionado a otra área mientras se desarrolla el proceso jurídico penal correspondiente.

“No podemos ser arbitrarios; primero debe investigarse antes de aplicar una sanción”, señaló.

La funcionaria reiteró que la postura de la SEP es proteger a niñas, niños y adolescentes, sin vulnerar los derechos laborales del personal educativo.