Cobro de piso en BCS: restauranteros piden ajuste en leyes contra la extorsión; quieren denunciar sin riesgos

Un comerciante de La Paz, Baja California Sur, fue auxiliado luego de presentar golpes, presuntamente ocasionados por un grupo de personas que le exigieron un pago al acudir a su negocio, el sector restaurantero manifestó incertidumbre y preocupación, subrayó la necesidad de que las autoridades garanticen confidencialidad y anonimato al momento de presentar denuncias por posibles casos de extorsión o cobro de piso.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que el hecho, reportado el pasado 6 de enero, no arroja indicios de que se trate de un grupo de delincuencia organizada que opere de manera sistemática para ejercer el llamado “cobro de piso”.

No obstante, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) La Paz, David Gracia Hinojosa, reconoció que el gremio mantiene una preocupación latente, particularmente por la forma en que estos casos son abordados y comunicados por las autoridades.

“El ambiente general es de preocupación, pero también de solidaridad con el compañero. Reiteramos que estos temas deben manejarse con mucha precaución y absoluta confidencialidad. Una denuncia debe ser anónima, para generar confianza en quien denuncia, cuidar su integridad y motivar a otros que puedan estar pasando por situaciones similares a que se acerquen con la autoridad, que es quien debe conocer y manejar esta información”, expresó.

El dirigente empresarial advirtió que hacer públicas las denuncias representa un alto riesgo para los comerciantes, ya que la exposición de nombres o datos puede derivar en represalias contra quienes deciden denunciar.

"Si le pegan a uno, nos pegan a todos": Canirac

El 11 de diciembre de 2025 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los acuerdos para el Fortalecimiento de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, los cuales establecen que los titulares de los poderes ejecutivos estatales deberán presentar ante sus Congresos locales las iniciativas de reforma necesarias para armonizar sus marcos jurídicos, e informar al Secretariado Ejecutivo a más tardar el último día hábil de enero de 2026.

Asimismo, la Fiscalía General de la República deberá emitir, a más tardar el último día hábil de febrero de 2026, un manual de operación para las fiscalías o unidades especializadas, enfocado en la recepción de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión.

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Gracia Hinojosa destacó que estos acuerdos son fundamentales para brindar mayor certeza y protección a quienes deciden denunciar un delito tan sensible como el cobro de piso.

“El mensaje a los compañeros es unirnos. Tenemos que estar en contacto, saber qué está pasando y tener claro que si le pegan a uno, nos pegan a todos. Vivimos en una ciudad conformada en su mayoría por negocios familiares, y es fundamental mantenernos unidos y cuidarnos”, señaló.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Luis Alfredo Cancino Vicente y el procurador de Justicia, Antonio López Rodríguez, han reconocido que durante 2025 se registró un incremento en los casos de extorsión en la entidad; sin embargo, aseguraron que no existen denuncias formales ni casos confirmados por cobro de piso.

Mientras el sector restaurantero recordó que en 2025 se registró el homicidio doloso de un comerciante local en La Paz, un hecho que, aunque las autoridades aseguran no generó mayores conflictos con el gremio, tuvo un fuerte impacto y permanece presente en la memoria del sector empresarial, incrementando la percepción de vulnerabilidad.