Gobernador de BCS desconoce contratos de empresas públicas ligadas al Cártel de Sinaloa, tras investigación

Una investigación del diario El Universal reveló que una red de empresas presuntamente vinculadas con la producción de fentanilo para el Cártel de Sinaloa y sancionadas por el gobierno de Estados Unidos han sido proveedores de servicios a universidades, gobiernos estatales y dependencias federales en México; Baja California Sur es uno de tres estados señalados.

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), al menos siete de estas empresas recibieron 630 contratos millonarios entre 2018 y el primer semestre de 2025, por un monto total de 35.7 millones de pesos, en su mayoría por adjudicación directa y para la compra de materiales de laboratorio y productos químicos.

Nacional Fentanilo 'clava sus garras' en jóvenes mexicanos: aumenta consumo; CDMX y Edomex registran más casos

En Baja California Sur, se identificaron contratos con estas empresas por parte de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y el Ayuntamiento de La Paz, a través del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable (OOMSAPAS).

Uno de los contratos más relevantes fue el firmado entre el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz (OOMSAPAS) y Favelab S.A. de C.V., empresa presuntamente operada por la familia Favela López, señalada por la OFAC como parte de una red que suministra precursores químicos al Cártel de Sinaloa.

Cuestionada sobre la relación del Ayuntamiento de La Paz con estas empresas, la alcaldesa Milena Quiroga Romero evitó profundizar en el tema y se limitó a declarar:

“Que se investigue y que se sancione”, en referencia a la presunta adjudicación directa otorgada por OOMSAPAS a empresas vinculadas al crimen organizado.

Señalamientos deben tener respaldo, acuso Cosío

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío declaró que de momento desconoce sobre dichos contratos, no obstante, se investigará a las dependencias involucradas. Advirtió que los señalamientos deben estar respaldados por pruebas.

“Si presenta algún contrato investigamos pero yo no tengo antecedentes. Desconozco si hubo alguna compra, de salud puede ser para medicamentos, no descarto la posibilidad de que sea la secretaría de salud que es la que puede utilizar el fentanilo”.

Sobre la posibilidad de que la Secretaría de Salud haya adquirido insumos que incluyan fentanilo, consideró que podría tratarse de un uso médico autorizado. En cuanto al OOMSAPAS de La Paz, dijo que será el Ayuntamiento quien deba responder por sus contrataciones.

UABCS: contrataciones fueron legales y conforme a protocolos

El rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Dante Salgado, respondió que los procesos de contratación en la universidad se realizan conforme a la normativa vigente y bajo supervisión.
Explicó que, al momento de establecer relación con un proveedor, la universidad verifica que cuente con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y que no tenga señalamientos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Es un escándalo que haya empresas legalmente constituidas y que las autoridades competentes no nos avisen que deberíamos o no tener relaciones con ellas.

Subrayó que las instituciones públicas no tienen manera de conocer los vínculos empresariales o antecedentes legales de los accionistas, a menos que exista un señalamiento oficial de alguna autoridad competente.

"Mientras la autoridad fiscal no le ponga una marca a la empresa, nosotros no tenemos manera de adivinar si esa empresa tiene relaciones. Si en efecto hay alguna nota sobre algún problema con la empresa, en automático, no solo universidad, el resto de las universidades, inmediatamente paramos cualquier relación".

Finalmente, Dante Salgado explicó que los contratos están relacionados con la adquisición de insumos para prácticas de laboratorio, y que debido a la especialización, muchas veces hay pocos proveedores disponibles, lo que justifica el uso de adjudicaciones directas en algunos casos. Aun así, aseguró que cualquier proveedor oficialmente sancionado es descartado de futuras contrataciones.