Funcionarios estatales no estan implicados en red de huachicol fiscal, asegura gobernador de BCS

Tras revelarse que el puerto de Pichilingue, en La Paz, forma parte de la red nacional de tráfico ilegal de combustibles, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, aseguró que ningún funcionario del estado está implicado en estos hechos. No obstante, advirtió que, si durante las investigaciones se identifica alguna participación local, no habrá impunidad.

La investigación, encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), detectó una red que opera mediante pedimentos de importación clonados para simular la legalidad del combustible. Se identificaron 555 empresas presuntamente involucradas, de las cuales 108 presentan irregularidades como la falta de permisos, manipulación de facturas, precios por debajo del mercado, venta de combustibles adulterados y sanciones por parte del SAT y la SENER.

Nacional Interpol lanza ficha roja contra el contraalmirante Fernando Farías Laguna por red de huachicol

Además, se vincularon 101 números telefónicos con estas actividades ilícitas, con registros de ubicación cercanos a aduanas y puertos, incluyendo puntos estratégicos como el puerto de Pichilingue.

Castro Cosío reconoció que La Paz fue uno de los puntos de entrada del combustible, aunque insistió en que no hay evidencia, por ahora, de implicación de funcionarios de la Cuarta Transformación o de empresarios locales.

“La lucha contra la corrupción no tiene medida y va a alcanzar a quien tenga que alcanzar. La impunidad no será parte de nuestra historia. La Cuarta Transformación se comprometió a no permitir la corrupción y lo estamos cumpliendo", expresó el mandatario estatal.

Si hay implicados que exista justicia: Víctor Castro Cosío

Agregó que la investigación continúa y que aún no se han revelado todos los nombres de los involucrados. Señaló que este tipo de procesos deben hacerse con precisión para evitar “chivos expiatorios” y afirmó confiar en que el puerto de La Paz solo haya fungido como punto de paso, sin participación local directa.

“Si hay empresarios o funcionarios, del nivel que sea, implicados en estos hechos, deben ser llevados ante la justicia. Ojalá ninguno de los compañeros de Pemex ni empresarios sudcalifornianos estén involucrados”, puntualizó.

Finalmente, el gobernador descartó que la exposición del puerto de La Paz tenga un impacto negativo en la economía del estado, y sostuvo que, por el contrario, representa un avance en materia ética y de rendición de cuentas.