Reabren caso contra Naasón Joaquín en México: juez revoca decisión de la FGR tras audiencia en Puente Grande

La tarde de este lunes, a las 17:15 horas, se llevó a cabo la audiencia de impugnación en el Centro de Justicia Penal Federal del complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco, donde el juez de control Juan José Rodríguez Velarde negó el cambio de defensa legal solicitado por representantes de Naasón Joaquín.

Tres abogados intentaron sustituir a la defensora pública asignada al líder de la iglesia La Luz del Mundo, quien actualmente cumple una sentencia de 16 años y ocho meses de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de abuso sexual contra menores en octubre de 2022.

La audiencia derivó de la impugnación presentada por las denunciantes Sóchil Martin y Sharim Guzmán contra la determinación de la Fiscalía General de la República de no ejercer acción penal en México por delitos como lavado de dinero, explotación sexual y pornografía infantil.

Durante la primera parte de la audiencia, el Ministerio Público solicitó que el proceso se realizara a puerta cerrada debido a la naturaleza de los delitos, petición que fue respaldada tanto por la defensa de las víctimas como por la defensora pública de Naasón.

El juez ordenó el desalojo de la sala, incluyendo a personas cercanas a las denunciantes, allegados al líder religioso, exintegrantes de la congregación y medios de comunicación. Asimismo, se precisó que la FGR no contempla a Naasón Joaquín con el carácter de imputado dentro de esta investigación.

Horas más tarde, las víctimas informaron que, pese a la postura de la Fiscalía, el Poder Judicial de la Federación ordenó reabrir el caso. De acuerdo con sus representantes legales, Carlos Escobedo, Dayra Hernández y Miguel Alfonso Meza, el juez Juan José Rodríguez Velarde revocó el “no ejercicio de la acción penal” decretado por la FGR, obligando a la institución a retomar las indagatorias. Esta resolución abre nuevamente la posibilidad de que las víctimas busquen justicia en México en contra del líder religioso y otros miembros de la organización.

Las denunciantes señalaron que uno de los factores que influyó en la decisión judicial fue la falta de cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses. Según expusieron, la FGR habría sido omisa en compartir información con el consulado de Estados Unidos y en activar mecanismos de colaboración internacional para acceder a pruebas y documentos que fueron clave en la condena dictada en ese país. También indicaron que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no entregó información en diversas ocasiones a las autoridades mexicanas.

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Con la reapertura del caso, las víctimas y sus asesores anunciaron que buscarán impulsar una investigación a fondo contra los integrantes de la cúpula de La Luz del Mundo, así como fortalecer la cooperación binacional para evitar que los hechos queden en la impunidad.