Cae exfuncionario por desvío de medicinas contra cáncer en Chihuahua: cada dosis valía más de 107 mil pesos

El desvío de medicamentos oncológicos -clave para pacientes con cáncer- llevó a la detención de un exfuncionario del Instituto Chihuahuense de la Salud, identificado como A.V. Ch., quien ya fue vinculado a proceso por peculado agravado.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, el imputado, quien se desempeñaba como Coordinador Estatal de Almacenes y Farmacias, habría dispuesto de manera indebida de fármacos de alto costo como Pegfilgrastim y Trastuzumab, utilizados en tratamientos oncológicos.

La captura se realizó sin incidentes por elementos de la policía de investigación en la ciudad de Chihuahua, bajo la causa penal 894/2026.

Según las investigaciones, los hechos se remontan al 10 de septiembre de 2021, cuando presuntamente se desviaron estos medicamentos mediante la elaboración de recetas médicas sin justificación clínica, en colaboración con otros servidores públicos.

¿Qué medicamentos fueron desviados y por qué son clave?

Los fármacos involucrados no son de uso común: están destinados a pacientes con cáncer y pueden ser determinantes en su tratamiento.

• Pegfilgrastim, utilizado para recuperar defensas tras quimioterapia
• Trastuzumab, enfocado en combatir células cancerosas agresivas
• Valor por unidad de hasta 107,870.14 pesos
• Uso indebido mediante recetas sin sustento médico
• Prescripciones fuera de tiempos y condiciones legales

La Fiscalía señala que estos medicamentos fueron suministrados sin diagnóstico acreditado, lo que permitió su desvío y posible comercialización indebida.

¿Qué se sabe del caso y las acusaciones?

El caso fue judicializado tras una denuncia de la Auditoría Superior del Estado, que detectó irregularidades en el manejo de estos insumos.

• Hechos ocurridos el 10 de septiembre de 2021
• Orden de aprehensión ejecutada el 6 de abril de 2026
• Detención en avenida Romanza y Lomas de León
• Imputado vinculado por peculado agravado
• Investigación apunta a posible red de servidores públicos

El fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela, subrayó el impacto social del caso al señalar que el uso indebido de estos medicamentos no solo viola la ley, sino que afecta directamente a pacientes que dependen de ellos.

“Cada medicina robada significa quitarle la esperanza de vida a un ser humano”, afirmó.

El proceso judicial seguirá su curso mientras la Fiscalía mantiene abiertas las líneas de investigación para determinar si hay más personas involucradas.

El caso pone el foco en el manejo de insumos médicos de alto costo y en los mecanismos de control dentro del sistema de salud, especialmente cuando se trata de tratamientos que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.